Luego de los ataques infundados de los que ha sido objeto el Poder Legislativo, posterior al proceso de selección de vacantes dentro del Consejo de la Judicatura Estatal por parte del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, con 25 votos a favor los legisladores de MC, PAN, PRD, Partido Verde y PT aprobaron solicitar a sus integrantes conducirse conforme a la ley y rechazaron categóricamente los señalamientos contra la selección de los nuevos consejeros.
El acuerdo presentado por el panista Gustavo Macías, expone que, en tan sólo tres años de existencia, quienes hoy integran el Comité de Participación Social del SEAJAL han asumido funciones que no le son privativas, pues forma parte de un sistema más complejo integrado por otros actores que deben ser incluidos para garantizar el respeto a la legalidad que toda institución pública debe salvaguardar.
“Los miembros que integran el Comité de Participación Social del SEAJAL han olvidado que coexisten con el Comité Coordinador, y que este último es el único facultado para requerir información a los Entes Públicos respecto del cumplimiento de la política estatal y las demás políticas integrales implementadas de conformidad con el artículo 8 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, por lo que han actuado al margen de la Ley al realizar exhortos públicos que no respetan a los mecanismos institucionales previstos a nombre de la institución”, indica.
Este acuerdo fue votado con 9 votos en contra por los grupos parlamentarios del PRI y Morena, además de los diputados Enrique Velázquez, del PRD, y Mara Robles de Movimiento Ciudadano.
Los legisladores aprobaron solicitar al Fiscal Especial en el Combate a la Corrupción Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, y a María Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado, para que informe por escrito a esta soberanía en un plazo de 15 días naturales, sobre el periodo de Luis Octavio Cotero Bernal, como Director General del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses si existe una investigación de las irregularidades en dicho instituto, ante la falta de protocolos de identificación de personas y resguardo de personas fallecidas sin identificar en cámaras frigoríficas, y en caso de ser positivo, detallen el estado de las mismas.
Además, los diputados aprobaron hacerle un llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Jalisco, para que realice una revisión periódica a las tarifas y cobros en los hospitales privados que brindan atención a pacientes por COVID-19.
