El Pleno del Congreso aprobó, por mayoría de votos, el dictamen de decreto que resuelve la iniciativa que modifica el procedimiento para la elección de magistrados integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, contenido en el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
La finalidad de la reforma es para hacer los exámenes de control de confianza de ocho magistrados y un consejero de la Judicatura, cuyos cargos están vacantes, por lo cual se modifica la redacción de la fracción IV del Reglamento, para eliminar el contenido relativo a “a efecto de que los aspirantes puedan solicitar formalmente y en su caso obtener la acreditación de la evaluación de control de confianza”.
Al respecto, en ningún caso un ciudadano en lo particular puede solicitar y obtener ante una instancia acreditada una evaluación de control de confianza, menos aún el proceso se puede concluir en un plazo de 15 días. En la iniciativa se armonizan dos disposiciones actualmente opuestas, para que sea la Comisión competente, es decir, la de Seguridad y Justicia, al emitir la convocatoria, la que señale la institución que practicará dicha evaluación a los aspirantes, la cual debe hacerse ante una instancia acreditada, pública o privada, previo a la firma de un convenio de colaboración, inclusive una vez que se encuentre operando con el centro de evaluación del Poder Judicial.
Se incorpora en la propuesta una fracción para que la Comisión legislativa realice una entrevista pública a cada aspirante a dichos cargos, y se invitará al Comité de Participación Social para que forme parte en la misma. Además, se unifica la denominación a “examen teórico práctico” en el contenido del articulado, a fin de que se entienda que es sólo un examen compuesto de dos fases. La iniciativa fue presentada por los diputados Edgar Enrique Velázquez González y Héctor Pizano Ramos.
Al respecto, la Diputada Mariana Fernández Ramírez se pronunció en contra del dictamen, debido a que considera que pudieran presentarse gran cantidad de amparos contra los nombramientos, por inconsistencias jurídicas e inconstitucionales, en tanto que el Diputado Velázquez González aseguró que con las reformas se podrán emitir las convocatorias y las evaluaciones que se harán, pues se trata de que ya no se trabe el proceso y encontrar los mejores perfiles profesionales para dichos cargos.
Cuentas públicas
Por otra parte, se aprobaron cargos fiscales al rechazarse cinco cuentas públicas de los siguientes municipios: Ejutla, correspondiente al 2016 por un millón 90 mil 331 pesos, en contra de Erik Rosendo Covarrubias y Samuel Quintero Castillo, presidente municipal y encargado de la Hacienda Pública, respectivamente. Asimismo, la de 2017, por dos millones 284 mil 616 pesos, contra los mismos funcionarios mencionados, además del director de obras públicas, Edgar Octavio Guijarro Mendoza, debido a irregularidades administrativas y en la ejecución de construcciones.
Tonila, del año 2016, por 232 mil 851 pesos, en contra de Harvey Chávez Bojórquez y Rigoberto Rodríguez Macías, presidente municipal y encargado de la hacienda pública, respectivamente. Villa Corona 2017, por siete millones 109 mil 465 pesos, en contra de Juan Carlos Rodríguez García y Oscar Alberto García Vega, presidente municipal y encargado de la hacienda pública. También Francisco Mendoza Moncayo y José Guadalupe Morales Guzmán, presidente municipal interino y encargado de la hacienda pública.
Mexticacán, 2017, con cargos por 925 mil 47 pesos, en contra de Juan Ramón Lozano Jáuregui, José Miguel Lara Villegas y Gerardo Miguel Pacheco Gómez, presidente municipal y encargados de la hacienda pública. Igualmente, por no comprobar plenamente los recursos ejercidos. En la misma sesión, los legisladores aprobaron las cuentas públicas de los municipios de Chimaltitán, Acatic y Atemajac de Brizuela, correspondientes a 2017.
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B1049.1103.SEG.LEC.PATM
