Bajo el principio de evitar la burocratización en los accidentes viales como “lamineros” y dar mayor fluidez a las vialidades de la Zona Metropolitana de Guadalajara en horas de mayor tráfico vehicular, en sesión de Pleno, los diputados del Congreso del Estado de Jalisco modificaron la Ley de Movilidad y Transporte.
En el marco normativo se prevé habilitar a “prestadores de servicio”, quienes serán servidores públicos certificados por el Instituto de Justicia Alternativa, que podrán intervenir en los accidentes de tránsito y emitir dictámenes técnicos, deslindar responsabilidades y liberar las calles una vez que se hayan tomado las evidencias correspondientes al percance vehicular.
También se actualizó el Código Penal de la entidad, para tipificar como robo la “sustracción, copia o almacenamiento de información de tarjetas de crédito, débito o cualquier forma de pago electrónico sin consentimiento y por cualquier medio proveniente de una transacción económica y se refleje como afectación en las cuentas de la víctima”.
Asimismo, se sancionará a “quien proporcionó información de retiros en efectivo realizados por cuentahabientes y sea robado trabaje o preste auxilio directa o indirectamente en el establecimiento”. La anterior iniciativa responde a un reclamo ciudadano toda vez que, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, en Jalisco el delito de fraude incluido el bancario ha sido el más frecuente con más de siete mil afectados por cada 100 mil habitantes anualmente.
Por otro lado, aprobaron reformar la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco y sus Municipios, iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo que tiene el objetivo de coordinar el Sistema Fiscal de la entidad con sus municipios y fijar las reglas de colaboración administrativa e intercambio de información entre ambas autoridades.
Destaca que, a partir de su publicación, se establecen los montos, bases, plazos y normatividad aplicable para la distribución de las participaciones e incentivos derivados de gravámenes federales y estatales que correspondan a los ayuntamientos, así como su distribución y vigilancia en el cálculo y liquidación.
En otro tema, y con el objeto de fomentar la no discriminación y acortar las brechas de la desigualdad existentes en legislación estatal, se reformó la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas, para que sea incluyente en su contenido.
Posteriormente, en sesión extraordinaria y con el voto en contra del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), se aprobaron las leyes de ingresos de los 125 ayuntamientos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2021.
