CONGRESO DE JALISCO RECIBE RESOLUCIÓN QUE DESECHA JUICIO EN CONTRA DE ELIMINACIÓN DEL IJM

01 Marzo 2019

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió desechar la demanda interpuesta por la ciudadana Rosa María González Carranza, en contra del decreto que extinguió al Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM).

Este viernes 1 de Marzo del presente año el Congreso del Estado de Jalisco recibió la resolución emitida por la autoridad judicial, misma que se basa en que el acto reclamado es de naturaleza meramente legislativa y no electoral.

La Ciudadana González Carranza se identificó como presidenta del Consejo Ciudadano del Instituto Jalisciense de las Mujeres y reclamaba la protección de sus derechos político-electorales en contra del decreto ya mencionado, de la disolución del Instituto y de su Consejo Consultivo.

Luego de analizar los argumentos la Sala Superior “considera que el juicio es improcedente y la demanda debe desecharse de plano, porque el acto reclamado no es electoral”.

Amplía su argumentación y señala que el dicho “no está referido a una determinación dictada por una autoridad electoral, ni a los derechos políticos de la ciudadanía, sino que se refiere a la conformación de la administración pública del Estado de Jalisco”.

El acto impugnado, agrega el documento recibido por este Poder, es de naturaleza legislativa y está incluido en la estructura de un órgano de la administración pública de Jalisco, antelo cual, no puede ser objeto de control a través del juicio ciudadano.

Rosa María González Carranza argumenta que el Congreso del Estado de Jalisco extingue sus derechos políticos en su calidad de consejera ciudadana del Instituto, sin embargo, los magistrados de la citada sala responden que el acto reclamado no guarda un carácter “ni formal ni materialmente electoral, de conformidad con la normativa aplicable, dado que el referido órgano legislativo local, está facultado constitucionalmente para legislar en todas las ramas del orden interior del Estado”.

La resolución es firmada por los magistrados: presidente, Felipe Alfredo Fuentes Barrera; Felipe de la Marza Pizaña, Indalfer Infante Gonzales, Jaime M. Otálara Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón.

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