Responderá ante la Suprema Corte de Justicia, el recurso interpuesto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Los diputados del Congreso de Jalisco sostienen que la reforma al Código Penal para inhabilitar perpetuamente a funcionarios, empresas y particulares que cometan actos de corrupción es totalmente válida jurídicamente, por ello defenderán la innovadora reforma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Esta mañana la Junta de Coordinación Política del Congreso Local avaló instalar una mesa de trabajo con funcionarios de la Coordinación de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos, así como asesores de todos los grupos parlamentarios para dar contestación a la máxima instancia de impartición de justicia.
Además, legisladores de distintas fuerzas políticas formarán una comisión especial que acudirá a entrevistarse con los ministros de la Suprema Corte y exponerles el espíritu de la reforma y el sustento técnico y legal.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la SCJN, mismo que fue aceptado y el Poder Legislativo debe presentar sus argumentos a favor de la reforma en un plazo no mayor a los 15 días.
El legislador Gerardo Quirino Velázquez, uno de los impulsores de la propuesta, sostiene que hay el total sustento legal para sacar adelante la reforma. “Es una figura innovadora, no existía en el país, somos pioneros y siempre hay resistencias al cambio. Lo que estamos planeando es que se instale una mesa técnica para generar una propuesta de respuesta y formar una comisión para apersonarnos ante la SJCN”.
El diputado considera que hay resistencia al cambio respecto a esta reforma que podría resultar incómoda o inaceptable para muchos, pero se declara convencido de su constitucionalidad. “Uno de los países pioneros para la creación de esta figura en Latinoamérica fue Perú, cuando nació allá también se enfrentó a lo mismo: hubo recursos de inconstitucionalidad y salió a flote, tengo la plena convicción de que es constitucional”.
Cabe señalar que los argumentos esgrimidos por la CNDH son: que la pena es inusitada, que es “inhumana, cruel y excesiva” y que es un castigo desproporcionado al delito.
---oo0oo---
B518.0407.PLEN.LEY.REGULATORIA.HML
