Con la finalidad de endurecer sanciones a quienes utilizan vehículos arrendados para cometer delitos en Jalisco, sesionó este día la Comisión legislativa de Puntos Constitucionales y Electorales, que preside el diputado Jorge Antonio Chávez Ambriz, en el Congreso del Estado.
En este sentido se aprobó el decreto que adiciona los artículos 234 Bis al Código Penal para el Estado de Jalisco, señalando que se equipara al delito de robo de vehículo, imponiendo las mismas penas para el delito que dicho código señala en el artículo 236 fracción IX, a quien tras arrendar un vehículo automotor desvíe el uso para el que le fue entregado por el arrendador, por alguna de las circunstancias siguientes:
• Lo desmantele o comercialice conjunta o separadamente sus partes;
• Lo enajene, trafique, permute o realice cualquier transacción de traslado de dominio;
• Altere, modifique, elabore o reproduzca, de cualquier manera, la documentación que acredite la propiedad o datos de identificación o la documentación que acredite el pago de derechos hacendarios, sin la autorización de su propietario o de la autoridad competente para hacerlo.
• Traslade el vehículo automotor fuera de la región del occidente del país, sin la autorización del arrendador;
• Utilice el vehículo en la comisión de uno o varios delitos dolosos;
• Utilice documentación o identidad falsa para llevar a cabo la renta del vehículo automotor;
• Si se trata de un empleado de la empresa arrendadora o participa de cualquier forma.
La iniciativa señala que en el caso específico de Jalisco, es muy frecuente que los vehículos arrendados principalmente en Puerto Vallarta y en Guadalajara terminen en Querétaro, Durango o Nuevo León ya sea para venta a un tercero de buena fe, o para ser utilizados en la comisión de delitos tanto del fuero federal como del estatal: "Bajo el amparo del contrato de arrendamiento, se aprovechan y se exceden del uso determinado para el que les fue entregado el vehículo, llevando a cabo conductas delictivas en un escenario de impunidad alarmante", se lee en el documento.
En otro tema, se avalaron los acuerdos legislativos por los que se eleva a consideración del Congreso de la Unión, la iniciativa reforma los artículos 4o, 6o y 7o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para prohibir las manifestaciones culturales, sociales o mediáticas que difundan contenido impreso, digital o sonoro incitando a cometer algún delito, se haga apología de éste o afecte la salud física o mental de las personas; y se le solicita reformar el artículo 208 del Código Penal Federal, para especificar que las sanciones por la conducta anterior, se tipifiquen entre los tres y diez años de prisión, más multa de quinientas a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
