Con el propósito de establecer transparencia en cuanto a los resultados reales que se consiguen en el combate frontal a la corrupción en Jalisco, así como mejorar procesos de administración pública, y la rendición de cuentas, es que la Comisión legislativa de Vigilancia y Sistema Anticorrupción, que preside el diputado Higinio del Toro Pérez, avaló diversas reformas a las leyes del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, y de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios.
En cuanto al Sistema Estatal Anticorrupción, se le establece ahora la obligación de elaborar evaluaciones anuales para determinar la efectividad de las políticas públicas implementadas en el combate a la corrupción, la promoción de la integridad pública, y en materia de fiscalización y control de los recursos públicos.
En este sentido, se le proporcionan facultades al Consejo de Participación Social del SEA, para evaluar los resultados que se consiguen anualmente, y se señala como responsabilidad del Comité Coordinador, el incluirlos dentro del Informe, y hacerlos públicos y transparentes; mediante la reforma a los artículos 2, 4, 8, 21 y 31 de la su respectiva Ley.
Referente a la legislación en materia de fiscalización, se subsana un error de secuencia en la numeración de la fracción "XVIII", y que aparecía como "XXVIII" del artículo 20, modificándose ahora con la finalidad de evitar posibles confusiones, así como otorgar certeza jurídica en la aplicación del articulado.
Finalmente, se adiciona la fracción VI, recorriendo las subsecuentes, al artículo 20 de la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios, con la finalidad de precisar en la ley, la obligación de los servidores públicos salientes, de entregar las bases de datos e información digital generada durante su gestión, junto con las claves de acceso. Información que además de ser fundamental para el buen manejo de la administración pública, y cumplimiento de diferentes ordenamientos legales, también resulta indispensable para observar en cabalidad los principios de transparencia y acceso a la información pública.
