APRUEBAN REFORMAS PARA CASTIGAR EL ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL CONTRA LAS MUJERES

23 Julio 2019

Como un gran paso a favor de las mujeres del sector público cuando sean objeto de acoso y hostigamiento sexual, calificaron los legisladores la aprobación de reformas y adiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Penal del Estado, al incluirse el capítulo de protocolos de prevención y atención, así como una penalidad que puede llegar a los nueve años de prisión a quien cometa ese delito, que ya no sólo se castigará por querella, sino también de oficio.

Lo anterior fue destacado en la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales, en sesión  conjunta con las comisiones de Igualdad Sustantiva y de Género, y de Estudios Legislativos y Reglamentos que presiden las diputadas Claudia Murguía Torres, Sofía Berenice García Mosqueda y Erika Pérez García, respectivamente.

El Diputado Gerardo Quirino Velázquez Chávez, autor de una de las dos iniciativas dictaminadas y aprobadas hoy, dijo que con la reforma al Código Penal se abate aun más la violencia de género cuando se da también contra servidores públicos, con una pena de hasta seis años si han sido objeto de acoso, y si un ciudadano común acosa a un servidor o servidora del sector público en funciones, aumenta en una mitad más la pena, es decir, hasta 9 años de prisión, y viceversa, si un servidor público aprovechando su espacio acosa a un ciudadano.

La Diputada Murguía Torres, autora de la otra iniciativa, manifestó que la adición a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece el capítulo con la obligatoriedad de que todas las dependencias públicas, organismos descentralizados o desconcentrados del Estado, establezcan protocolos de atención y erradicación del acoso y hostigamiento sexual y laboral.

Asimismo, los mínimos requisitos indispensables para dicho protocolo, donde se garantiza que la conducta no se vuelva a cometer, el principio de presunción de inocencia y la integridad física y emocional de las víctimas, con sanciones.

La Diputada García Mosqueda también reconoció la voluntad política para que no sólo sea una llamada de atención, sino que tenga una penalidad y consecuencia.

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