Denuncian a funcionarios de Finanzas

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La Dirección Jurídica del Poder Legislativo interpuso una denuncia penal ante la Procuraduría de Justicia del Estado, contra de funcionarios de la Secretaría de Finanzas por diversos presuntos delitos que están afectando las finanzas del Congreso del Estado, relacionados con la obstaculización de la compra de formas valoradas por parte de Ayuntamientos y entidades fiscalizadas del estado.

Se pide también a la Procuraduría de Justicia que de vista al Ministerio Público Federal por existir delitos de ese ámbito de competencia.

La denuncia penal se da luego de un Acuerdo Legislativo del 26 de agosto en el que se instruye a la Mesa Directiva de esta LIX Legislatura que interponga a nombre y en representación del Poder Legislativo del Estado de Jalisco formal querella en contra de los C. José Luís de Alba González y Ruth Mercedes Jiménez Sánchez, Secretario y Directora de Ingresos de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco y/o quien o quienes resulten responsables de una serie de delitos relacionados con la afectación a las finanzas del Congreso del Estado.

Como antecedente el 08 de agosto la directora general de ingresos del Poder Ejecutivo, Ruth Mercedes Jiménez Sánchez, realizó una serie de declaraciones y manifestaciones contra el Congreso del Estado, consideradas por los diputados como falsas, dolosas e insidiosas ya que la funcionaria señala un supuesto cobro ilegal o pago de lo indebido por la venta de formas valoradas oficiales que realiza el Congreso del Estado de Jalisco, mencionando además la funcionaria que esta situación es ilegal, a pesar estar previsto por el artículo 51 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoria Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios establece que:

“Las entidades fiscalizadas estatales y municipales deberán adquirir las formas valoradas y recibos para cobro de ingresos de las haciendas públicas estatal y municipales, en los términos de la ley, ante el Congreso del Estado y previo pago de los derechos correspondientes previstos en la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado, para el ejercicio fiscal que corresponda”.

“Los ingresos generados por el pago de los derechos a que se refiere el párrafo anterior, deberán ser remitidos de forma íntegra al Congreso del Estado”.

La funcionaria señalada dijo públicamente que “es un pago de lo indebido, la compra de formas valoradas, pues no esta previsto en la Ley, afirmando que implica responsabilidad y hasta delito de peculado…”

Además en declaraciones periodísticas ha señalado que:

“a todos los tesoreros de los ayuntamientos que han consultado al gobierno del estado les han sugerido que no adquieran los documentos “porque pueden incurrir en responsabilidad”…”

Por estas y otras razones el Legislativo considera que está excediéndose en sus atribuciones, extralimitándose en sus facultades e incurriendo en apología del delito, tipo penal que esta sancionado por el Código Penal Federal y el propio del Código Penal del Estado de Jalisco (artículo 142).
También están señalados en la denuncia como posibles responsables de delitos a Carlos Barrón Zepeda, director general de Abastecimientos de la Secretaría de Finanzas; César Villaseñor Agraz, director de la Comisión de Adquisiciones; J. Miguel Ángel Buere Villegas, Director de Instrumentos Jurídicos y todos aquellos que hayan podido participar en esta situación.

Se menciona que la Secretaría de Finanzas es responsable de la administración financiera y tributaria de la Hacienda Pública por lo que el titular de dicha dependencia, José Luis de Alba González, sería responsable directo de los hechos aparentemente delictivos de sus subordinados.