El diputado Clemente Castañeda, coautor de la iniciativa, urgió a reformar la actual ley, luego de 20 años sin resultados.
Buscar acuerdos para alcanzar transformaciones institucionales eficaces que prevengan, eviten y sancionen los abusos y agresiones a derechos humanos por parte de las autoridades al momento de investigación de posibles delitos, fue el objetivo del Foro “La Tortura, una Herida Abierta”, celebrado hoy en el Congreso del Estado.
El diputado Clemente Castañeda Hoeflich, coautor de una iniciativa para renovar la legislación local en la materia, convocó a este ejercicio de análsis, debate y reflexión, en el que participaron activistas, representantes de organizaciones humanitarias, académicos y autoridades.
En su mensaje inicial, el legislador Castañeda Hoeflich, manifestó que lamentablemente en la actualidad se manifiesta a nivel nacional una crisis de respeto a los derechos humanos y que México está inmerso en una espiral de inseguridad y violencia, contexto que contribuye a que se generen prácticas como la tortura.
“Nuestra principal responsabilidad es evitar politizar y ocultar fenómenos como la tortura; debemos debatirlos de manera abierta y enfrentarlos de manera contudente; tenemos que construir una política de estado que ponga en el centro los derechos humanos y la integridad de las personas.
“Desde la entrada en vigor de la actual ley para prevenir la tortura, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha recibido más de mil quejas y ha emitido más de 40 recomendaciones; sin embargo, no hay castigados por este delito, hay una impunidad total. Este fenómeno es generalizado, nos parece muy grave que la ley local en la materia no haya dado resultados en prácticamente 20 años”, expuso Castañeda Hoeflich.
Con la iniciativa presentada al Pleno del Congreso el pasado mes de julio, se busca, entre otras metas: adecuar la definición de tortura a lineamientos internacionales; establecer mecanismos expedistos de investigación; instaurar como agravante la práctica en contra de grupos vulnerables; instituir la imprescribilidad del delito y anular la sustitución de pena o indulto para quien lo cometa, y crear una comisión estatal en la materia.
Que se reconozca el problema
El Director Ejecutivo en México de Amnistía Internacional, Perseo Quiroz Rendón, informó que recientemente esta organización abrió la oficina Occidente en la ciudad de Guadalajara, y una de las principales razones es que Jalisco ocupa el segundo lugar nacional en desapariciones de personas, y que a escasos 15 días de iniciar operaciones a nivel regional ya se han recibido cinco denuncias por presuntos actos de tortura.
Añadió que el principio para solucionar cualquier problema es reconocerlo, y en este contexto hizo un exhorto a las autoridades a que reconozcan el problema en materia de derechos humanos; no se van a solucionar los retos negando su existencia, sino documentándolos, reconociéndo su dimensión y aplicando las políticas públicas adecuadas”.
Ante las propuestas legislativas que actualmente se discuten en el Congreso, tendientes a prevenir, erradicar y sancionar la tortura, Quiroz Rendón manifestó que la definición debe estar apegada a estándares internacionales; que se deben establecer protocolos del uso de la fuerza y de la cadena de custodia; rechazar absolutamente las pruebas obtenidas bajo tortura e instaurar criterios y procedimientos para la reparación del daño.
La tortura contribuye a la impunidad
Javier Perlasca Chávez, en su calidad de primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), lamentó que este tipo de pesecución sea una práctica en uso a nivel estatal, detalló por ejemplo, que a nivel estatal se registra 96 por ciento de impunidad en la comisión de delitos, y que la práctica de la tortura contribuye a ese delito. Detalló que de 2007 a Septiembre 2014 se han emitido 30 recomendaciones dirigidas hacia diversas autoridades.
“Hemos reiterado que las investigaciones que no se hacen profesionalmente propician un alto índice de desconfianza hacia las instituciones encargadas de procurar justicia, y en muchos casos se ocasiona impunidad cuando las confesiones se producen mediante violencia física o sicológica.
“En esos casos no sólo queda impune un delito, sino tampoco se hizo justicia a las víctimas del mismo y se afecta a la sociedad; también propicia la corrupción, el abuso y el exceso de poder en la autoridad: 96 por ciento de impunidad delictiva”, expuso el visitador.
Símbolo de poder retorcido: Morfín Otero
La activista en derechos humanos, Guadalupe Morfín Otero, quien se desempeñó como Fiscal Especial para los Delitos de Violencia Contra las Muertes y Trata de Personas, dijo que a lo largo de su carrera profesional ha encontrado la tortura presente en un sinnúmero de investigaciones de delitos, lo cual invariablemente describe a una autoridad que abusa de su poder.
Hizo un llamado a todos y cada uno de los ciudadanos a no permitir que bajo ninguna investigación ni autoridad, se permitan el abuso, los golpes y la intimidación bajo el pretexto de impartir justicia.
Señaló que “la tortura no es sino una impostura, no sirve ni a la verdad ni a la justicia, sirve a un poder retorcido que se sabe impune; no la permitamos ahora que nos urge caminar hacia la paz y la reconciliación en México; no caigamos en las fauces de los que escondidos de las cámaras, desde las sombras pueden hacer hablar y decir lo que ellos quieran a los que les están sometidos”.
Trabajo de prevención
En representación de la autoridad asistió Lizeth Hernández Navarro, fiscal en Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, aseguró que el Titular del Poder Ejecutivo ha girado instrucciones precisas en el tema y que se trabaja a diario para prevenir este tipo de conductas. Agregó que se pretenden adoptar parámetros y protocolos vigentes a nivel internacional.
Que permanentemente se generan vínculos con asociaciones civiles que contribuyen a establecer medidas y procedimientos pertienentes, para eliminar la tortura en la dependencia estatal. Apuntó que se ha entablado comunicación con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para alcanzar recursos económicos que contribuyan a generar un protocolo de prevención y un cuerpo especializado que atienda las denuncias.
Hizo notar que la tortura daña no sólo a quien recibe el maltrato y la intimidación, sino “a toda la sociedad; por ello sabemos del compromiso que tenemos para abonar a las leyes y protocolos en la materia que ayuden a erradicar esta práctica”.
Legislación, letra muerta
Carlos Peralta Varela, académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), aseguró que la tortura no sólo es una violación a la integridad y derechos humanos de las personas, sino un delito; que quien lo comete es un delincuente. Sin embargo, lamentó que la legislación para sancionar esa conducta sea “letra muerta”, pues no se ha consignado ni castigado a nadie que haya incurrido en ese ilícito.
De la propuesta de ley que actualmente se estudia en el Poder Legislativo, elogió que se elimine el término “gravedad de la lesión”, pues era un aspecto que quedaba a consideración de la autoridad, y por consecuencia era una ambigüedad. También destacó que en la propuesta se pretenda prevenir, investigar y reparar el daño a quien se ve afectado en este sentido.
Una propuesta de vanguardia
A nombre de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Octavio Amezcua Noriega, señaló que este problema es generalizado y que se encuentra “incrustrado en el sistema de impartición de justicia del país”, donde una reforma legislativa como la propuesta por los diputados Castañeda Hoflich y Hernán Cortés Berumen, podría contribuir a la solución.
Indicó que la legislación a nivel federal es caduca y que la iniciativa presentada en el Congreso de Jalisco, en caso de aprobarse en el Pleno, ubicaría a la entidad a la vanguardia y serviría de guía para otras legislaciones estatales, incluso, la federal. Destacó que se propongan medida de prevención y establecer el Protocolo de Estambul para la detección del delito.
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B1272.FORO.TORTU.HML
