La falta de resultados en el combate y castigo a la corrupción; la necesidad de esclarecer más la rendición de cuentas de parte del gobierno estatal; de conocer mejor los indicadores de resultados y que no haya opacidad en las compras o adquisiciones de bienes y servicios, fueron algunos de los pronunciamientos que hicieron académicos y expertos invitados como parte de la Glosa del IV Informe del Gobernador Aristóteles Sandoval Díaz.
Al respecto, el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra, al referirse a las conclusiones, manifestó que se ha legislado para avanzar en dichos temas, si bien todavía deberá trabajarse más para que los gobiernos estatal y municipales rindan mejores cuentas y castiguen a los corruptos, combatir la impunidad y que se continúe en el propósito de que la sociedad tenga mayor participación en la vida pública.
La Mesa relativa a “Finanzas y Obra Pública, Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción”, fue moderada por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Diputado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, y la primera intervención correspondió al politólogo Mtro. Gabriel Torres Espinoza, quien afirmó que el 44 por ciento de las empresas mexicanas realizan pagos extraoficiales a funcionarios públicos, es decir la práctica del conocido “moche”.
En el proceso de la corrupción hay un corrupto y un corruptor. Es un empresario que está dispuesto a cotizar por encima de la ley, a “inflar” un presupuesto para ganar una licitación, ofreciendo dinero por debajo la mesa, como una comisión a una persona, y en este caso tiene más responsabilidad el corruptor, al dificultar los controles para que esto no suceda, sobre todo tratándose de obra pública.
Jalisco es la entidad donde los ciudadanos perciben un mayor nivel de corrupción, ya que el 94.7 por ciento de los jaliscienses consideran que es muy frecuente. En la Ciudad de México esta percepción es del 95.3 por ciento. Explicó que sólo se ha transparentado la corrupción y citó el ejemplo de lo ocurrido en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), en donde hubo un cambio de titular, no una investigación y no se tienen resultados para que haya castigos y sanciones.
De acuerdo al Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) únicamente el dos por ciento de los delincuentes vinculados a la corrupción terminan en la cárcel, y en Jalisco hay 60 averiguaciones abiertas en contra de funcionarios estatales y sólo cinco han sido consignadas ante la justicia, por lo que únicamente se alcanza el índice del 1.6 por ciento, por debajo de la media nacional.
Lo anterior significa que no ha funcionado el Sistema Estatal Anticorrupción, pues se pueden tener buenos indicadores en el desarrollo del Estado, como se dice en el IV Informe, pero en el tema del combate a la corrupción no va a funcionar si los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial no se comprometen con sancionar a los funcionarios denunciados, y de allí se deriva el problema de la impunidad.
Afirmó que el Tribunal de lo Administrativo del Estado se ha convertido en el enemigo público número uno de la ciudad, autorizando gasolineras a un lado de escuelas, cambios de uso del suelo en donde no se pueden construir torres de más pisos de los que deben tener, lo cual se presenta por la ausencia de castigos.
El Poder Legislativo también podría actuar a través de juicios políticos para inhabilitar a los funcionarios corruptos, como castigo, y recordó que el ex Contralor del Estado documentó 34 denuncias porque funcionarios de la anterior administración estatal ejercieron de manera ilegal siete mil 500 millones de pesos durante el último año del sexenio, sin que exista ninguna investigación abierta ni haya sido citado a declarar.
Por su parte, el Mtro. Augusto Chacón Benavides, Director del observatorio ciudadano de calidad de vida “Jalisco Cómo Vamos”, manifestó que el Plan Estatal de Desarrollo tiene 160 indicadores centrales, de los que se han cumplido 60 según el IV Informe, 17 reportan un avance del 51 por ciento, 43 no pasaron del 50 por ciento y 40 evidencian un estatus inferior al que tenían cuando inició la presente administración.
Luego de referirse a la captación de recursos estatales y el gasto ejercido, dijo que es importante que el Congreso del Estado evalúe el impacto social de la obra pública, no tanto los pesos y centavos, y que exija a la Auditoría del Estado la revisión de los informes de gobierno, lo que sería acercarse a la rendición de cuentas.
Chacón agregó que la Contraloría del Estado reportó en 2012 haber practicado 78 revisiones. El Gobernador Aristóteles Sandoval ofreció llegar a 113 en 2018, en tanto que el año pasado sólo se aplicaron 99 sin conocerse los resultados y sus consecuencias.
Agregó que en resumen puede afirmarse que se recaudó más dinero en el gobierno, que creció un poco la inversión pública y que en varios rubros concernientes a la transparencia vamos bien, pero en cuanto a la revisión que el Ejecutivo hace a sus propias dependencias “navegamos en el mar de la medianía. Nuestro desempeño financiero se sostiene pero no luce como un caso para presumir”. En cuanto a la rendición de cuentas, la Secretaría de Hacienda no anota avance en el presupuesto con base en resultados.
Respecto a retrocesos, manifestó que “se mantiene una porción de las adquisiciones en la oscuridad, crecieron las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos y en cuanto a lo que dice el Instituto de la Competitividad, de que Jalisco tenga un sistema político estable y funcional, estamos más abajo que hace cinco años”.
Posteriormente, el Dr. Alberto Bayardo Pérez Arce, especializado en ciencias económico-administrativas y políticas públicas, afirmó que se dan a conocer cifras, que se constituyeron comités de contraloría social pero no se dice cuál fue el proceso de integración ni los motivos de no haber cumplido la meta, para esclarecer lo relativo a la rendición de cuentas.
Según lo informado, se cumple con el 93 por ciento en materia de transparencia. “Parecería que es una cifra elevada, pero el problema es que en el cumplimiento de la Ley de Transparencia, estar debajo de 100 es estar reprobado”, ya que significa que hay áreas en la opacidad y ni se explican cuáles son los aspectos que no se han cubierto, para que el Congreso del Estado determine si es pertinente o no la explicación.
Tampoco se da cuenta de lo que se hace para combatir la corrupción ni las herramientas con que se cuenta, por lo que considera que falta mucho en este rubro, desconociéndose qué va a pasar con el Tribunal de lo Administrativo, así como la conveniencia de revisar los procedimientos de juicios políticos para hacerlos efectivos.
Conclusiones
El Presidente de la Junta de Coordinación Política, Diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra coincidió con lo manifestado por los panelistas y se refirió a lo realizado en los últimos meses como Ley de Compras que busca evitar la adjudicación directa o por invitación a particulares a través del Gobierno del Estado y los municipios, la Ley de Transparencia, las bases que se han sentado en el Sistema Estatal Anticorrupción. La Ley de Contabilidad y Gasto Público, que representan algunos avances, o también como lo hace el Gobierno del Estado con una serie de indicadores que como lo dijeron los expertos, no se sabe de donde salieron, quiénes los decidieron y al final de cuentas si están impactando realmente o no en el combate a la corrupción; si están abonando o no a que haya mayor transparencia en el Estado, más participación de los ciudadanos en la vida pública y “la corrupción es un cáncer que nos está devorando a pasos agigantados y pareciera que se va a pasos muy lentos, incluida la impunidad que también hace daño, sin castigarse a quienes cometen delitos”.
De allí la importancia de haber escuchado a los académicos en las mesas de trabajo que se llevaron a cabo con motivo del IV Informe de Gobierno, para que la Glosa no sea “un espejo de vanidades, donde se magnifican algunos logros, con un triunfalismo desbordado que no permite hacer un análisis crítico, para construir efectivamente una política pública que combata la impunidad, la corrupción, que genere mayor participación social y transparencia”. Es el reto y en consecuencia les agradeció su participación.
Asimismo, que haya consecuencias contra aquellos funcionarios que son omisos y realmente puedan recibir un castigo y las finanzas públicas permitan que no solamente se gaste, sino que se haga de manera eficiente, y el ciudadano tenga acceso a la información y a mecanismos de denuncia, a mecanismos efectivos de participación y mejor bienestar.
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