Con el propósito de que se desarrolle el Sistema Estatal Anticorrupción con transparencia en los procesos de elección de distintas autoridades, los legisladores que integran la Comisión Especial del Sistema Estatal Anticorrupción, aprobaron parcialmente un acuerdo legislativo con el que se pretende que se apliquen exámenes de conocimientos a los jueces y magistrados que se nombren por parte del Congreso.
Dicha propuesta se acepto parcialmente, debido a que en el caso de los jueces ya se aplica el examen requerido, sin embargo, los aspirantes a magistrados no presentan dicho examen de conocimientos, así lo informó la Diputada Sofía Valencia Abundis, quien durante la sesión de trabajo, fue nombrada como Presidente de la Comisión en mención.
Agregó, que es necesario que todos los nombramientos que pasen por el Sistema Estatal Anticorrupción no se contaminen con temas político- electorales, y que cada uno de los asuntos se lleven de manera limpia y se haga la selección de nombramientos de la manera más adecuada. Posteriormente informó que se estarán llevando a cabo mesas de trabajo para se defina cuáles serán los procedimientos que se deberán aplicar para la elección de magistrados.
Por su parte, los legisladores manifestaron que es necesario que los procedimientos de elección sean perfeccionados para que no existan nombramientos al azar, se elija al mejor perfil y se termine con el abuso por parte de magistrados que se amparan para no dejar sus cargos en los tiempos determinados.
Finalmente, Jesús Ibarra representante del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, dijo que es preocupante que a estas alturas no se nombre al tercer magistrado, por lo que presentaran una recomendación por parte del Comité, para que haya una modificación al artículo 24 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y se cambie el procedimiento de nombramiento de los magistrados administrativos.
Dicha recomendación plantea que el proceso actual sea sustituido por el procedimiento que está establecido para el fiscal anticorrupción, ya que da mejores garantías de nombramiento, primero por que intervienen más poderes del estado; el Comité de Participación Social emite información técnica de los perfiles y el gobernador valora para integrar una terna y que finalmente tenga el visto bueno del poder legislativo.
