La Comisión de Administración del Congreso del Estado no aprobó el acuerdo legislativo que planteaba la aprobación del Presupuesto del Poder Legislativo 2015, por 859 millones de pesos. La diputada Fabiola Loya Hernández, vocal de este órgano, votó en contra la propuesta y con ello no se alcanzó la mayoría legal requerida.
La diputada Celia Fausto Lizaola, presidenta de la comisión legislativa, puso a discusión el punto de acuerdo, mismo que originalmente planteaba 871 millones de pesos de erogación; sin embargo, los legisladores Norma Angélica Cordero, Celia Fausto y Jesús Palos coincidieron con el diputado Jaime Prieto en la oportunidad de eliminar algunas partidas presupuestales destinadas a la compra de vehículos y equipo de cómputo, así como para actividades y gastos relativos a difusión y publicidad.
El diputado Prieto Pérez pidió eliminar las partidas 322, por ya estar presupuestada; la 363 (para prensa y difusión) por 9 millones de pesos, pues consideró que no se le deberían de asignar; asimismo la 515, que después de un análisis se valoró que no procedía; y finalmente la 541 para la compra de vehículos, toda vez que es improcedente, considerando que se acababa de hacer una subasta para vender con los que aún contaba esta Legislatura.
El punto de diferendo radicó en el Capítulo 1000, ya que la diputada Loya Hernández insistió en aprobarlo con 120 millones de pesos menos a los 667 que contenía la propuesta, al calcular que esa sería la cantidad que disminuiría el pago de nómina, de concretarse la supresión de las 150 plazas que se instruyó en el acuerdo avalado por el Pleno del Congreso del Estado.
Agregó que es la etapa indicada para concretar la reducción de nómina, antes de aprobar el gasto del siguiente año. Además que el acuerdo debe acatarse cuanto antes, al ser una instrucción de la Asamblea. Señaló que consumar la disminución de nómina sería una señal positiva hacia la sociedad en general, y el cumplimiento a diversas promesas en materia de austeridad.
Sus compañeros diputados se pronunciaron en una postura diferente, al asegurar que mientras no se consumara la liquidación del personal y la supresión de plazas, dichos espacios debían ser presupuestados, pues de lo contrario se afectarían los derechos laborales del personal. Expusieron además que al momento no existe suficiencia presupuestal para proceder a la liquidación de los empleados.
El diputado Prieto Pérez sugirió consultar a la dirección jurídica sobre cuáles serían las consecuencias jurídicas de que se omitiera de la partida correspondiente (capítulo 1000), el pago de las 150 plazas que entraría en el proceso de ajuste. Insistió que “la supresión de las plazas es un acuerdo del pleno, pero requiere de un proceso, que espero sea iniciado, pero que no podemos dar como hecho…debemos saber las consecuencias que se tendrían de no incluirse en el presupuesto la partida para cubrir esas plazas”.
Ante este escenario, la legisladora Fausto Lizaola informó que se enviará al Pleno una comunicación en la que se informe de que no hubo unanimidad en la votación, y por tanto no se logró la aprobación, además de incluir el proyecto que se pretendía validar.
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