La iniciativa que tiene por objeto crear la figura jurídica de inhabilitación definitiva o “muerte civil” a corruptos, que se presentará en la próxima sesión ordinaria del Congreso del Estado, fue dada a conocer hoy, en rueda de prensa, por los diputados Gerardo Quirino Velázquez Chávez, Edgar Enrique Velázquez González y Héctor Pizano Ramos.
Con este propósito se reforman diversos artículos del Código Penal y las leyes de Adquisiciones y Enajenaciones; de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios de Jalisco y sus Municipios, así como adiciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía. En la iniciativa participaron también el Diputado Salvador Caro Cabrera y funcionarios de organismos de contraloría.
La inhabilitación a quienes cometan actos de corrupción es aplicable a funcionarios públicos, ciudadanos y empresas, cuando rebasen las 200 Unidades de Medida y Actualización Salarial (UMAS).
Se otorga facultad a la Fiscalía Anticorrupción para crear la Plataforma Digital del Sistema Único de Inhabilitados por Actos de Corrupción y dará aviso oportuno a los entes públicos.
Incluye inhabilitación a fideicomisos y empresas que utilicen capital o se integren por personas o negocios previamente sancionados.
En la exposición que hizo el Diputado Velázquez Chávez precisó que no hay dinero suficiente para invertir en salud, por ejemplo, si se compran medicamentos a sobreprecio, ni policías eficientes o fuertes para combatir la inseguridad si no cumplen con los requisitos de ley o se les distrae en otras actividades. Tampoco recursos suficientes cuando las obras quedan incompletas por presupuestos alterados o constructoras beneficiadas de manera ilegal.
Sobre la dimensión del problema de corrupción, manifestó que de marzo de 2016 al mismo mes de 2017, dos de cada diez personas que hicieron algún trámite tuvieron que dar “mordida” para realizarlo, y esta corrupción les cuesta a los jaliscienses más de 650 millones de pesos al año.
El 96 por ciento consideran que existe ese problema. Además, contribuye a la inseguridad, y la Encuesta Nacional de Calidad y de Implementación del 2017, elaborada por el INEGI, ubica a Jalisco en el lugar 11 del “ranking” nacional sobre corrupción.
Por su parte, el Diputado Velázquez González dijo que generalmente se habla de funcionarios públicos involucrados en la corrupción, pero también la originan los empresarios, por lo que es necesario erradicar la frase “el que no tranza no avanza”, pero también es importante que la denuncia como cultura en Jalisco sea para que todos los ciudadanos puedan señalar a personas que les gusta participar en ese tipo de actos. De ahí que se tomen decisiones fuertes e inteligentes para que Jalisco sea “punta de lanza” en el combaste a la corrupción.
Finalmente, el Diputado Pizano Ramos enfatizó: “Debemos hacer eco, con sanciones reales y sin temor, a esas voces de todos los sectores de la sociedad que gritan combatir la corrupción, ese mal que ha dañado a nuestras instituciones, que ha denigrado la moral de nuestros poderes, que ha prostituido a nuestro sistema político y que ha puesto en total vulnerabilidad al ciudadano, que sigue esperando el castigo para aquellos que de manera cínica abusaron de lo que se les confió”.
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