Necesaria una Fiscalía especial para castigar corrupción

En el foro para abordar el tema también se propuso que las denuncias ciudadanas tengan validez para frenar la impunidad.
La creación del marco jurídico e institucional para que los políticos corruptos sean castigados, que podría incluir una fiscalía especializada, que dependa únicamente de la efectividad de su trabajo; que las denuncias ciudadanas tengan validez para frenar efectivamente la impunidad, para lo cual deben buscarse, sin temores, rutas y cambios innovadores que enfrenten este problema que representa más de 32 mil millones de pesos al año en el país.
Estos pronunciamientos fueron planteados hoy en el foro “Combatiendo la corrupción en Jalisco”, en el que participaron legisladores, funcionarios públicos y especialistas universitarios, quienes presentaron diversas propuestas para combatir ese lastre que lesiona especialmente a la sociedad, y que se aglutinarán en las iniciativas de ley que serán dictaminadas en las comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, así como de Justicia.
El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, diputado Enrique Velázquez González abrió el análisis y manifestó que “por la calle no sobra quien diga que en México somos corruptos por cultura, por hábito y porque así somos”. Se registran más de 200 millones de actos de corrupción, ya sea pagando servicios públicos o dando “mordida” a un oficial de tránsito. “Y si lo contabilizamos en pesos y centavos, la cifra es aún más alarmante: 32 mil millones de pesos se van todos los años en actos de corrupción”.
Agregó que como legisladores deberán encontrar rutas innovadoras para enfrentar este problema y lanzó el reto de no temer a los cambios y adoptar otros modelos seguidos en España, por ejemplo, donde se cuenta con el Tribunal de Cuentas o el Consejo de Transparencia instaurado en el Reino Unido, porque mientras la impunidad no disminuya no sea vean personas castigadas, será difícil lograr una política pública que reduzca la corrupción.
El Presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Clemente Castañeda Hoeflich, aseguró que de entre todos los pendientes de la agenda pública de Jalisco, el combate a la corrupción es el más rezago, ya que los índices mantienen una escala alarmante, y cuestionó: “¿por qué la mayoría de los políticos son corruptos? La respuesta es sencilla: porque nadie los castiga, porque no hay consecuencias, porque sus acciones quedan en la impunidad y en la desmemoria. Y para muestra el Congreso del Estado, donde se han dado desfalcos millonarios y no hay culpables”.
Como parte de las acciones legislativas a analizar, se refirió a la iniciativa del PRD para crear una fiscalía anticorrupción como órgano colegiado facultado para iniciar las investigaciones por actos de corrupción, y ejercitar las acciones penales correspondientes, pero además propuso “un profundo análisis de todo el sistema de procuración e impartición de justicia en Jalisco, porque es ahí donde tenemos el cuello de botella que nos ha impedido perseguir y castigar la corrupción de manera efectiva”.
El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, magistrado Luis Carlos Vega Pámanes, habló de los orígenes de la corrupción y su comportamiento; de que ahora es multifactorial y que los casos presentan un rezago en las instancias judiciales y de justicia en lo general, lo que se traduce en impunidad.
Informó que Poder Judicial tiene el compromiso de combatir este lastre con el trabajo conjunto que lleva a cabo con la Fiscalía General del Estado; que se capacita a su personal, pero es necesaria la participación de la sociedad, para que impacte en la desaparición de ese problema, y entregó un proyecto iniciativa a los diputados Celia Fausto y Héctor Pizano, para combatir la impunidad ese Poder y contribuir a terminar con este lastre que afecta a la sociedad jalisciense.
Con la representación del Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, el Fiscal General del Estado, Mtro. Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, inauguró el foro y en su mensaje y dijo que el buen juez por su casa empieza, por lo que dio a conocer que más de 40 funcionarios de la fiscalía han sido consignados y separados de su cargo por temas de corrupción.
Precisó que no debe tenerse miedo para combatir la corrupción e impunidad, creyendo que es un camino de una sola vía, pues de esta manera seguirá solapándose, y se congratuló de que el Congreso del Estado aborde ese tema, que también es prioritario para el gobierno estatal, para no continuar solapándola.
La diputada Celia Fausto Lizaola, coordinadora del foro, dijo que presentó dos iniciativas al Pleno del Congreso, con la adhesión de otros legisladores para combatir ese problema, que aprobarse la Ley de Combate a la Corrupción con una autoridad que actúe contra quienes incurran en este lastre, “representa un acto de conciencia plena, de responsabilidad legislativa y de compromiso”.
Es impostergable una acción frontal de Estado --subrayó—porque “no se puede ni se debe continuar en la indiferencia, que bien puede ser considerada como el primer eslabón de complicidad, de cohecho y de consentimiento de la corrupción en nuestra sociedad”.
Luego el diputado Hernán Cortés Berumen, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, mencionó las expresiones más comunes que toleran la corrupción, como aquella de que no importa si roban, a cambio de que dejen trabajar, por ejemplo, o bien el clásico caso del policía vial con sus argucias para no infraccionar y lograr una dádiva. También en materia de obra pública o adquisiciones.
Por lo tanto, considera que debe trabajarse en el ámbito legislativo para combatir la corrupción que se ha convertido en el “modus vivendi” o “modus operandi” de políticos y servidores públicos en perjuicio de la sociedad, aunque ésta debe participar también para evitarla.
Por su parte, el diputado Héctor Pizano Ramos, presidente de la Comisión de Justicia, afirmó que apenas el 10 por ciento de los delitos denunciados terminan en una sentencia sancionadora, y el resto de asuntos sin resolver generan impunidad, desalentando el necesario y valiente ejercicio de la denuncia, pues en los hechos pareciera que ésta no aporta nada.
Añadió que la convocatoria al foro acredita la voluntad política del Congreso para trabajar en establecer mecanismos y tener órganos de control, que con mayor eficacia aseguren el combate a la corrupción y la rendición de cuentas.
El diputado J. Jesús Palos Vaca, a quien también le corresponderá dictaminar las iniciativas, apuntó que la norma jurídica que se legisle deberá determinar el cómo, cuándo, dónde y qué sanción se puede aplicar de darse la corrupción de parte de funcionarios públicos, “debiendo existir mecanismos que permitan tener mayor certeza en la denuncia y la protección de quien la presenta”.
El diputado Juan Carlos Márquez Rosas, presidente de la Comisión de Responsabilidades y dictaminador de las iniciativas, explicó que “nuestro trabajo como legisladores consiste no en aumentar las penas, ni las conductas prohibidas, sino en modificar el sistema institucional para que ante la menor de las conductas y actos de corrupción, exista la certeza de que el transgresor de la ley será enjuiciado y sancionado.
“Hagamos las cosas de tal manera que no sea la gravedad de la sanciones lo que evite el acto de corrupción, sino la certeza total y absoluta que a la menor de las faltas, habrá una consecuencia real, una sanción y una retribución del daño ocasionado”, remarcó.
Finalmente, las especialistas doctoras Aimeé Figueroa Neri, del CUCEA de la U. de G. y Lourdes Morales Canales, de la Red Nacional de Rendición de Cuentas y el Mtro. José Bautista Farías, investigador del ITESO, se refirieron a las diversas formas de corrupción; al grado alto de cinismo que prevalece en el país, por ese motivo; a que existe un marco normativo genérico y ambiguo; que la sociedad debe participar más en la evaluación de los servidores públicos y externaron propuestas para que la rendición de cuentas sea una de las principales obligaciones del gobierno.