JALISCO SE COLOCA A LA VANGUARDIA EN PROTEGER DERECHOS DE LOS NIÑOS

También se aprobó en el Congreso sancionar  delitos contra la dignidad humana.

El Congreso del Estado votó por unanimidad reformas a diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco, que también crean el Comité Estatal de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de la Convención sobre los Derechos de los Niños, con lo cual esta entidad se pone a la vanguardia nacional, ya que se implementa el  primer sistema de protección integral de los derechos de la infancia en México

Con ese propósito, se fusionaron dos iniciativas de la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, quien agradeció a la asamblea que haya emitido su votación favorable, pues el sistema  se encuadra de conformidad a los criterios de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia  (UNICEF), con atribución para obligar y/o articular a las instancias públicas del orden estatal, con las federales y municipales, y con los sectores social y privado.

Agregó que estará operado por un órgano rector en materia de niñez, que se denominará Comité Estatal de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, en beneficio de los más de dos millones 136 mil 500 niñas y niños de 0 a 14 años que habitan en Jalisco, según datos del INEGI.

 

El Comité será un órgano colegiado que sesionará de manera ordinaria cada tres meses, pero estará instalado de manera permanente para casos urgentes. Lo presidirá el Gobernador de Jalisco y lo integrarán los titulares de 22 secretarías y organismos públicos. Incorporará como vocales, a invitación del Comité, a representantes de universidades, medios de comunicación como radio, televisión, internet y prensa escrita; organismos sociales y de sociedad civil especializados en temáticas de la niñez.

 

Por otra parte, a iniciativa del diputado Jaime Prieto Pérez, se aprobó adicionar al Título Décimo Quinto del Libro Segundo, un capítulo denominado de los Delitos contra el Honor, al Código Penal del Estado, con el propósito de imponer de 50 a 100 días de multa o de 30 a 100 jornadas de trabajo a favor de la comunidad, al que por razones de origen étnico, edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, nacionalidad, idioma, ideología, preferencia sexual, condición social o económica; trabajo o profesión, discapacidad, características físicas, estado de salud o cualquier otra causa que atente contra la dignidad humana; limite, anule o genere un menoscabo a los derechos, libertades o seguridad de la persona.

 

Precisa el dictamen de decreto que al reincidente se le impondrá de uno a tres años de prisión, y la misma pena a quien provoque o incite a la discriminación, odio y a la violencia contra una persona o grupo de personas; niegue a una persona o grupo de personas una prestación o servicio al que tiene derecho el público en general; veje, humille, denigre o excluya a alguna persona o grupo; niegue o restrinja los derechos laborales adquiridos, o niegue o restrinja los derechos educativos o de salud.

 

Al servidor público que niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación a la que tenga derecho, se le aumentará la pena en una mitad, y además se le destituirá e inhabilitará para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión, hasta por el mismo tiempo de la pena impuesta.

 

Igualmente, se avalaron las reformas al Código de Procedimientos Civiles y la Ley Orgánica del Poder Judicial, propuestas por el diputado Roberto Mendoza Cárdenas, con las cuales, según lo expresó, se trata de un nuevo instrumento que se entrega a los jaliscienses, en el ámbito jurisdiccional, ya que se refiere a la oralidad de los juicios civiles, colocándose a la vanguardia.

 

Esto permitirá que los procedimientos en lugar de tardar años, ahora se podrá lograrse una sentencia en máximo tres meses, lo que permitirá economizar recursos económicos y disminuirá el desgaste emocional y físico que originan un juicio largo.

 

En la intensa jornada legislativa de este día, también se aprobaron los dictámenes de decreto de la Comisión de Hacienda y Presupuestos que preside el diputado Miguel Castro Reynoso, con los que se modifican los coeficientes de distribución de de los recursos provenientes de los fondos de aportaciones para el fortalecimiento, así como para la infraestructura social de de los municipios y las demarcaciones del Distrito Federal, que corresponden al  Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal 2014.

 

El dinero federal que llegue del primero de los fondos mencionados, se utilizará de manera prioritaria para hacer frente a las obligaciones financieras; el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas residuales; la modernización de los sistemas de recaudación local; mantenimiento de infraestructura y la atención a las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.

 

Por lo que se refiere  al de infraestructura, se utilizarán de manera exclusiva al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien a los sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema, en los rubros de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas; urbanización, electrificación rural y las colonias pobres; infraestructura básica de los sectores salud y educativo, mejoramiento de la vivienda y mantenimiento de infraestructura.

 

La iniciativa de decreto del diputado Hugo Daniel Gaeta Esparza, relativa a adiciones a las leyes de Gobierno y la Administración Pública Municipal, de Hacienda Municipal y de Responsabilidades de los Servidores Públicos, son con el propósito de que no se puedan realizar la enajenación o donación de ningún bien de dominio privado, durante los últimos seis meses de la administración pública municipal.

 

También se aprobaron las reformas a la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, con base en la iniciativa de los diputados Salvador Zamora Zamora y Verónica Delgadillo García, para toda persona por sí o por medio de representante legal, tenga derecho a presentar solicitud de acceso a información ambiental, sin necesidad de de sustentar justificación o motivación alguna.

 

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y los gobiernos municipales, según corresponda, deberán poner a disposición la información ambiental que les soliciten, en los términos previstos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco.

 

Otras iniciativas también aprobadas se refieren a que el 26 de agosto próximo se lleve a cabo el Parlamentario Universitario, propuesta por la Junta de Coordinación Política; a que se declare el 25 de octubre de cada año como “Día Estatal de las Personas de Talla Baja”, promovida por los diputados Gaeta Esparza, Clara Gómez Caro, Gabriela Andalón Becerra, Mariana Arámbula Meléndez, Mendoza Cárdenas, Héctor Pizano Ramos, Fabiola Loya Hernández y Delgadillo García, y la que establece como sede transitoria del Poder Legislativo al municipio de Tequila, con motivo de la conmemoración del 484 aniversario de su fundación.

 

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