En Mesa de Análisis legisladores y académicos plantearon propuestas para fortalecer las iniciativas que ya existen.
Jalisco tiene la oportunidad histórica de rectificar lo que no se ha hecho bien contra la corrupción y de emprender un modelo de justicia constitucional completo y eficiente para combatirla, con el propósito de garantizar el estado de derecho a la sociedad, como parte de la responsabilidad que tienen los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con la participación de académicos, expertos y demás organismos que aporten elementos sobre los que trabajarán los legisladores para darle vigencia al mejor sistema que logre ese propósito.
En términos generales, fue la conclusión a la que se llegó en la Mesa de Análisis “Justicia Constitucional y Anticorrupción”, organizada por la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Justicia del Congreso, en el marco de la conmemoración del Centenario de las constituciones de los Estados Unidos Mexicanos y del Estado de Jalisco, así como del 211 Aniversario del natalicio de Don Benito Juárez García, en la que destacados especialistas de varias universidades hicieron aportaciones que enriquecerán las iniciativas y propuestas que ya existen.
La apertura del análisis estuvo a cargo del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Diputado Ismael del Toro Castro, y dijo que se trabaja en la etapa de dictaminación del Sistema Estatal Anticorrupción, que distinga a Jalisco con las reformas legislativas que fortalecerán académicos, miembros de la sociedad civil, organismos empresariales y de la mesa interinstitucional que ya funciona, y destacó la presencia de la Diputada María del Pilar Pérez Chavira, quien ha trabajado activamente para lograr ese objetivo.
Por su parte, la Diputada Mónica Almeida López, Presidente de la Junta de Coordinación Política, destacó que a través de la coordinación entre las fracciones representadas en el Congreso, se acordó impulsar el diálogo con la sociedad e investigadores, a fin de diseñar el modelo que erradique la corrupción y la impunidad en Jalisco, garantizándose los derechos humanos, bajo un sistema democrático efectivo y los ciudadanos participen para tomar decisiones, por lo que las consultas y análisis continuarán.
Agregó que se trata de que la población sea más libre, así como controlar y prevenir el abuso del poder. Se han diseñado diversos controles de orden constitucional en 22 estados de la República. Sin embargo, en algunos, como Jalisco, no han logrado aplicar de manera eficaz sus textos constitucionales. “En la medida que se centraliza la justicia constitucional federal, la calidad de la justicia local requiere mejorarse”, para garantizar la probidad de quienes procuran la administración de la justicia. A este encuentro asistió también el Diputado Saúl Galindo Plazola, Presidente de la Comisión de Justicia.
Aportaciones de académicos
La Dra. Teresa Magnolia Preciado Rodríguez, del Centro Universitario Tonalá, de la Universidad de Guadalajara, explicó el proceso que se ha seguido a nivel federal y recomendó que localmente es necesario emitir una norma adecuada e integral, ya que por omisiones legislativas en algunos casos no se reúnen los elementos necesarios para hacerla constitucional. Evitar la politización para nombrar a los juzgadores que integren el organismo correspondiente, y seleccionar a los más eficientes y capacitados; la paridad de género para incluir cuando menos la mitad de sus integrantes y que sean vitalicios, a fin de “evitar la formación de cúpulas de poder que generen condiciones de corrupción”.
El Dr. José de Jesús Ibarra Cárdenas, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, se refirió a los diversos tipos de corrupción en México: soborno en contratos de gobierno referidos a obra pública y adquisiciones; peculado y malversación de recursos públicos, que representan fuertes cantidades de dinero. Propuso que se dote de técnicas y competencias constitucionales para que efectivamente visibilicen la corrupción, levantar el velo para sociedades mercantiles, el fraude de ley, el abuso de Derecho, la desviación de poder, facultad para pedir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no aplicar el secreto bancario, fiduciario y fiscal.
Por su parte, el Dr. Armando Enrique Cruz Covarrubias, de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, se refirió a las 22 entidades donde funciona el sistema de justicia constitucional, e hizo la reflexión respecto a que las normas federales generalmente rebasan a las estatales, quitándoles facultades y soberanía. “El problema es estructural, es más fuerte”, pero cualquier intento por abatir la corrupción es bueno y ofreció participar desde el ámbito académico y emitir opiniones sobre ese tema.
El Dr. Luis Antonio Corona Nakamura, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara, dijo que el control constitucional debe entenderse como los instrumentos y mecanismos de defensa para ejercer ese principio de supremacía y explicó las diversas modalidades que existen para su operación, y propuso realizar una reforma integral para rescatar los principios locales, y que al momento de instaurar los controles sean bien fundamentados y terminales, en beneficio real de la sociedad, para que no se reviertan con algún amparo.
Finalmente, el Dr. José de Jesús Becerra Ramírez, del CUCSH de la UdeG., afirmó que hay la oportunidad histórica para crear un tribunal para el Sistema Estatal Anticorrupción, y aprovechar el “momento para hacer un federalismo en serio en donde se respete el estado de Derecho, y darle habilitación constitucional a esta sala” y quienes se propongan para integrarla tengan alta especialización y no que un simple examen se valore si son aptos o no, sino analizar su trayectoria. Además, debe hacerse valer la Constitución en la integración del órgano anticorrupción, para que todos los poderes asuman su responsabilidad, sin replicar los errores de algunos tribunales.
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