Con el propósito de que el índice delictivo de robos y asaltos realizados con armas falsas sea menor, el diputado Miguel Castro Reynoso dio a conocer la iniciativa de reforma al Código Penal de Jalisco, que presentará en la próxima sesión legislativa. Con esta adecuación a los artículos 236 y 205, pretende subsanar la ”laguna” que existe en esta reglamentación, ya que sólo se tipifica en ella como delito grave la falta cometida con armas reales, mas no las efectuadas con armamento falso.
Es necesario incorporar algunas prácticas criminales a la legislación penal, para que ésta sea capaz de identificar de la manera más amplia posible todos los delitos que atentan contra los ciudadanos. Actualmente, el Código Penal no contempla sanciones adecuadas para una conducta delictiva que se está presentando últimamente, y por lo tanto los hechos delictivos quedan impunes.
El legislador pedirá se reforme este marco normativo para establecer como delito también las infracciones cometidas con armas de juguete, ya que es necesario “ponerle freno a estos delitos que se generan con réplicas de las reales y que atentan al bienestar de las personas”. Detalló que el problema también estriba en que la creciente de delitos contrasta con la baja significativa de la cantidad de denuncias de parte de las víctimas.
Plantea constituir un tipo penal autónomo consistente en sancionar a quienes amenacen o intimiden a otra persona mediante el empleo de armas falsas de juguete, réplicas o de utilidad superficial, provocando en la víctima un temor efectivo inminente; además de perfeccionar una de las agravantes de robo para adicionar el supuesto de la intimidación con el uso o exhibición de armas falsas, y equipararlo al delito de llevar armas verdaderas al cometer una infracción, aún y cuando no hagan uso de ellas.
Con la inclusión de este agravante se aumentará la sanción privativa de la libertad, y sobre todo se evitará la posibilidad de que los infractores sean beneficiados con su libertad bajo caución. También se incluye otorgar atribuciones a las autoridades estatales y municipales, para que emitan mecanismos de control sobre los giros comerciales que vendan o distribuyan este tipo de artículos.
