Lo hicieron en Rueda de Prensa los diputados Daniel Robles de León y Priscilla Franco Barba.
Enérgico llamado hicieron hoy los diputados Daniel Robles de León y Priscilla Franco Barba al Presidente Andrés Manuel López Obrador, para que reconsidere sus promesas de campaña y el error de no haberse asignado dos mil 600 millones de pesos en el Presupuesto federal de 2019, solicitados por el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez, para el saneamiento del Río Santiago, altamente contaminado y que ha causado daños a la salud de los habitantes de esa cuenca.
En Rueda de Prensa, el Diputado Robles de León manifestó la preocupación e inconformidad porque en el Presupuesto de la Federación no se considera “la gravísima contaminación que tenemos en el Río Santiago”, y como representante de los municipios del Distrito 20 y especialmente de los más afectados, el Salto y Juanacatlán. “Me ha tocado vivir en carne propia los problemas tan serios que hay no solamente con el olor pestilente, con los zancudos, sino con los problemas de salud de las personas que viven en esa parte” y otras municipalidades cercanas.
Respecto al Presupuesto de Jalisco, se aprobaron mil 150 millones de pesos, de los cuales 590 millones se invertirán en infraestructura, saneamiento y ampliación de plantas tratadoras de agua y el resto se irá a la recuperación integral del espacio público de centros de salud y demás espacios colindantes con el Río Santiago, como lo anunció el Gobernador Alfaro Ramírez.
Aclaró que de los más de 26 mil millones de pesos que han estado presupuestados para temas de medio ambiente en el Ramo 16, del Presupuesto Federal 2019, solamente cuatro mil 400 millones están destinados a infraestructura, que se considera una cantidad mínima, pues la mayor parte es para gasto corriente, de operación, pago de nóminas “y no hay un solo peso etiquetado para invertir en infraestructura nueva y por supuesto para el saneamiento del río”.
El legislador agregó que “es muy grave también que para Jalisco solamente 500 millones de pesos vienen etiquetados en ese Presupuesto para invertir en la presa “El Zapotillo”, y ese dinero va a servir para dotar de agua potable a la ciudad de León, Guanajuato”, es decir, ni siquiera para saneamiento o para dotar de agua a los jaliscienses, y sería una “irresponsabilidad de los diputados ciudadanos, de nosotros, no alzar la voz para que el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y los diputados federales puedan reconsiderar el etiquetado de recursos para solucionar este gravísimo problema”.
En consecuencia, dijo que se espera que se reconsidere ese error y dejar de comprometer el futuro de muchas generaciones con ese grave problema que evidentemente ha sido olvidado por el Gobierno Federal en su Presupuesto 2019.
Por su parte, la Diputada Priscilla Franco Barba dijo que es “por demás alarmante e incongruente que en la proyección del Presupuesto del Gobierno Federal para el ejercicio 2019, el Presidente Andrés Manuel López Obrador esté mostrando tal desinterés, ante los graves problemas de contaminación, pero también de las consecuencias a la salud que han tenido los habitantes y los vecinos de la Cuenca del Río Santiago”.
Hizo notar que estos problemas se han generado por una corrupción institucionalizada, gobiernos que no han hecho lo que les corresponde, por funcionarios que no funcionan y la desatención, así como minimizar la situación, por lo cual se ha acrecentado. Luego se refirió a la incapacidad que han tenido para supervisar y vigilar, tanto la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) como la Procuraduría Federal para la Protección del Medio Ambiente (PROFEPA),
La norma federal ha sido laxa, ya que permite que los contaminadores hagan su propio auto monitoreo, sus reportes y le informan a la autoridad la calidad de sus descargas. “Todo esto ha ayudado a que no haya habido una solución, ni mitigar de manera real el problema”. Añadió que la disminución del 30 por ciento de recursos a temas del medio ambiente, disminuirá la capacidad para supervisar y revisar, sin que haya soluciones.
Refirió que se presentó una iniciativa en el Congreso del Estado para incrementar las sanciones en diversas normativas, incluido el Código Penal, a fin de resarcir los daños que se hayan ocasionado al medio ambiente y mejorar la salud de los afectados.
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