Señalan que no es suficiente cancelar el vínculo con el particular, propone deslindar posibles anomalías.
Las irregularidades y rasgos de corrupción que presenta el programa de foto infracciones que opera el Gobierno del Estado de Jalisco, amerita que haya una investigación minuciosa por parte de la Contraloría Estatal y el correspondiente deslinde de responsabilidades, no sólo la cancelación del contrato con la empresa que presta el servicio, afirman los diputados Augusto Valencia López y Alejandro Hermosillo González.
Ante el anunció, por parte del Poder Ejecutivo, respecto a un cambio en la política pública que utiliza cámaras en algunas de las principales avenidas de la Zona Metropolitana de Guadalajara para identificar violaciones al Reglamento de Movilidad y aplicar la infracción que amerita, los legisladores señalaron que al asunto no debe dársele “carpetazo”, sino esclarecer y castigar posibles hechos de corrupción.
Señalaron que convocarán a la instalación de una mesa de trabajo que dé seguimiento al tema, integrado en su mayoría por ciudadanos que ayuden a redefinir el programa de foto infracciones.
“Nos llama mucho la atención que después de cinco años de foto infracciones de este gobierno, éste acepte que el programa estuvo mal aplicado y que además haya necesitado de un supuesto sondeo para saber si la política pública era eficiente, todo lo que debió hacer al inicio decidieron hacerlo cinco años después de manera tardía e incompleta.
“Todas las deficiencias que estuvimos señalando desde hace meses las reconocen pero no las corrigen de fondo. La medida que se está tomando no lava cinco años de malos manejos”, expuso el Diputado Hermosillo González.
En tanto el Legislador Valencia López señaló que lo expresado por el gobernador del Estado “se queda corto”, respecto a la posibilidad de cancelar el contrato con la empresa Autotraffic. Manifestó que el haber recabado más de mil 200 millones de pesos por concepto de cobro de foto multas y la entrega de más de 400 millones a ese particular por sus servicios en forma poco clara, obliga a que la Contraloría tome conocimiento del asunto.
“La postura necesaria del Congreso debe ser ir al fondo de este tema y no es suficiente el anuncio del gobernador, tiene que dar cuentas claras sobre estos recursos que ha recaudado de forma poco transparente.
“Las fotos han sido el negocio de la corrupción de este sexenio: los contratos que se mantienen vigentes con una empresa poblana para literalmente llevarse de la bolsa de los ciudadanos mil 200 millones de pesos y eso no lo vamos a dejar ahí”, expuso Valencia López.
Señalaron que debido a la reciente renegociación del contrato, en caso de cancelación de éste el Gobierno del Estado podría pagar alrededor de 100 millones de pesos, dinero que obviamente saldría del erario, lo cual igualmente es una afectación al patrimonio de los jaliscienses.
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