DIPUTADOS MODIFICAN LA LEY PARA MEJORAR EL SERVICIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO

19 Octubre 2017

Con el objetivo mejorar significativamente el servicio que prestan las unidades del transporte público, el Congreso del Estado de Jalisco aprobó diversas reformas a la Ley de Movilidad y Transporte, entre otras, sanciones a operadores que lastimen o atenten en contra de personas de la tercera edad y se establecen diversos requisitos físicos que deberán presentar los camiones y midibuses.

La iniciativa fue presentada por la Diputada Rocío Corona Nakamura y de ésta se derivan las modificaciones a la ley en la materia, misma que ya establecerá que se presenta el maltrato cuando se niegue el servicio sin causa justificada o sea víctima de actos violentos, discriminatorios o humillantes.

La sanción irá de 10 a 30 Unidades de Medida de Actualización, es decir, de 754 a dos mil 264 pesos, adicionalmente se suspenderá la licencia para conducir al chofer hasta por 6 meses, cuando en un plazo de sesenta días haya sido reincidente de maltrato en dos ocasiones o más.

El usuario del transporte público podrá hacer la denuncia  a través del número de emergencia 911 y cuando haya denuncia, la Secretaría de Movilidad de oficio solicitará las imágenes de las cámaras de seguridad para determinar las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se realizó el evento denunciado.

Las unidades de transporte masivo y colectivo de pasajeros deberán contar con cámaras de seguridad que registren el ascenso de pasajeros y la conducción del operador, la operación a lo largo del pasillo de la unidad y el descenso de los usuarios; así como, escalones retractiles que faciliten el ascenso y descenso de la unidad.

La ley también señala que las rutas deberán contar con por lo menos 10 por ciento de vehículos con rampa o diverso mecanismo que permita la accesibilidad de personas con discapacidad.

También se establece que todas las unidades deberán circular con cristales totalmente transparentes, que los choferes tienen terminantemente prohibido conducir utilizando equipos de sonido, radios, telefonía, equipos de comunicación diversa o luces que distraigan y molesten al conductor, usuarios o terceros.

Según el Artículo 205 a partir de ahora las autoridades estatales y municipales e materia de tránsito, movilidad y transporte, en sus respectivas esferas de competencia, realizarán inspecciones sobre los requisitos, calidad del servicio y condiciones de los bienes muebles e inmuebles afectos al servicio público de transporte o conexos para verificar si cumplen lo establecido en la ley y su reglamento. 

Nueva legislación a favor del medio ambiente

El Congreso del Estado de Jalisco aprobó reformas al Código Penal para imponer mayores sanciones a quien cometa delitos en contra del medio ambiente, particularmente para quien afecte áreas naturales protegidas

La iniciativa fue presentada por la Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, misma que fue avalada por el Pleno del Congreso Local y que cambia lo contenido en los Artículos 290, 291, 295 y 297 de la legislación en cuestión.

La modificación al Artículo 290 establece que se impondrá una pena de uno a tres años de prisión y una multa de 300 a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización a quien contamine o altere perjudicialmente el suelo, la atmósfera o las aguas de jurisdicción estatal o que generen daños a la población.

En el caso de que esas actividades se lleven al cabo en un área natural protegida que se encuentre bajo la administración del Estado o un municipio, la pena de prisión se incrementará hasta tres años y el castigo económico hasta en mil veces el valor de Medida y Actualización.

Referente al Artículo 291 se acordó que se impondrá pena de uno a seis años de prisión y de 300 a tres mil veces el Valor de Medida y Actualización a quien sin aplicar las medidas de prevención o seguridad: emita, despida o descargue a la atmósfera gases, humos, polvos contaminantes que ocasionen daños a los recursos naturales, a la fauna, a la flora, a los ecosistemas, a la salud pública, siempre que dichas emisiones no provengan de fuentes fijas de competencia federal, conforme a lo previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

El Artículo 295 señalará de ahora en adelante se impondrá pena de uno a tres años de prisión y multa de cinco a mil veces el valor de UMA a quien promueva, subsidie, o dirija algunos de los hechos punibles lesivos al ambiente descritos en este ordenamiento, según la gravedad del daño ambiental causado y al inhabilitación definitiva para contratar con la administración pública.

Finalmente, el Artículo 297 castigará con uno o hasta cinco años de prisión a quien sin autorización acopie, almacene, transforme, transporte, comercie o destruya en cantidades superiores de cuatro metros cúbicos de recursos forestales maderables, cualquiera que sea su régimen de propiedad, tenencia o posesión de la tierra.

Cambio de fecha del informe de Gobierno

A partir del próximo año el titular del Poder Ejecutivo presentará ante el Congreso Local el informe anual del estado que guarda la administración pública el día 6 de noviembre y ya no el primero de febrero como se viene haciendo a la fecha.

Actas sin caducidad

Para simplificar trámites y no perjudicar la economía familiar, según sea el caso, los diputados de Jalisco modificaron la Ley del Registro Civil del Estado para establecer que las copias o extractos certificados tendrán pleno valor  y podrán ser presentadas en cualquier dependencia público o instancia privada, con independencia de la fecha de expedición, salvo que se quiera acreditar el estado civil del interesado.

Avalan comodato

Los legisladores de Jalisco avalaron el dictamen que autoriza que el contrato de comodato de fecha 3 de diciembre de 2014, celebrado entre el Organismo Público Descentralizado denominado Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y la Asociación Civil denominada “Centro de Promoción y Capacitación para la Dignidad de la Persona, A.C.”, trascienda su vigencia al término de la presente administración pública estatal, hasta por un periodo de cincuenta años.

Dicho convenio posibilita a la asociación civil hacer uso de un espacio de propiedad pública del DIF Estatal, en el que desarrolla el proyecto “México me Necesita”, orientado a proporcionar tratamientos integrales tendientes a modificar la conducta adictiva y autodestructiva.

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