DIPUTADOS CONSULTARÁN A LA SOCIEDAD PARA LEGISLAR EN MATERIA DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS

12 Diciembre 2018

El Congreso del Estado de Jalisco inició los trabajos que concluirán en una nueva legislación en materia de desaparición forzada de personas y desaparición de personas cometidas por particulares, misma que tendrá el sustento de la socialización con los diferentes actores involucrados.

Esta tarde el Pleno instruyó a diversas comisiones legislativas realicen una amplia consulta a través de mesas de trabajo, foros y diálogos, con la participación de familiares de las víctimas de desapariciones forzadas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y autoridades locales y federales; a fin de conocer sus inquietudes y propuestas en la construcción de un nuevo marco legal.

Las comisiones que se encargarán de esta tarea son: Derechos Humanos y Pueblos Originarios; de Estudios Legislativos y Reglamentos; de Puntos Constitucionales y Electorales; así como a la de Seguridad y Justicia.

El texto del dictamen hace referencia a que el pasado 17 de Noviembre del año 2017 se publicó la Ley General de Desaparición Forzada de Personas Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que entró en vigor el 16 de Enero del presente año.

El Artículo Noveno de dicha ley señala una obligación para las entidades federativas sobre la emisión y armonización de legislación local. Sin embargo este Congreso no ha emitido una norma al respecto, lo que ha ocasionado que la Coordinación de Seguimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitiera recomendaciones.

Posteriormente, durante la pasada legislatura se presentaron diversas iniciativas de ley con ese fin, incluso, se emitió un dictamen que fue remitido la Pleno, sin embargo, en la actual legislatura se resolvió regresarlo a comisiones legislativas para continuar su análisis.

Con ese contexto, la Junta de Coordinación Política determinó iniciar con los trabajos ya mencionados para cumplir con la ley general en la materia, escuchar la opinión de los padres y familiares de las víctimas, así como de especialistas, académicos, organizaciones de la sociedad civil y otras autoridades, para juntos alcanzar un marco legal que realmente cuente con el sustento de una verdadera socialización.