El cambio legal incluiría que la autoridad pague los exámenes de ADN.
Facilitar el procedimiento legal para que una madre alcance el reconocimiento de paternidad de su hijo, además de que el estado absorba el costo de la prueba genética que fundamenta la declaración, es parte medular de la iniciativa de ley que impulsa la Diputada Rocío Corona Nakamura.
La legisladora del Congreso del Estado de Jalisco presentó en rueda de prensa la información de la iniciativa que minutos antes había entregado en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, la propuesta para modificar diversos artículos de la Ley del Registro Civil del Estado y del Código Civil del Estado.
“Con esta iniciativa se pretende que no haya menores sin padre, niños y niñas que andan rodando por la vida agarrados de la falda de su madre, mientras sus padres los desconocen y se desentienden de ellos. No hay niño o niña sin padre, la vida es cuestión de dos.
“Esta ley de paternidad responsable va para todos aquellos que abandonan hijos y mujer, orillándolos a la marginación y la pobreza. Con esta ley buscamos que los niños tengan derecho a: llevar los apellidos de padre y madre, recibir alimento y heredar patrimonio de su padre, por alimentos entendemos: comida, vestido, vivienda, atención médica, educación y sano esparcimiento”, expuso Corona Nakamura.
Señaló que de validarse la modificación la autoridad estatal pagará el costo de las pruebas de ADN, además de adoptar un trámite totalmente administrativo que no llegue a los juzgados, es decir, que se realice ante el registro civil y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).
“Es un proceso sencillo y gratuito, no se requiere de abogado: llega la madre al registro civil a registrar a su hijo, argumenta el no interés del padre en reconocerlo. El oficial explica la ley y su alcance, se cita al padre. Si éste se presenta dice no ser el padre se le envía al IJCF, si se rehúsa a practicarse el diagnóstico, se toma como positiva”, explicó Corona Nakamura.
En contraparte, el único recurso para el varón será impugnar dicha resolución administrativa por la vía judicial. Para presentar esta iniciativa se realizó un estudio de derecho comparado: en el estado de Tamaulipas ya se tiene una legislación símil en vigencia.
