La Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos aprobó reformas a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el propósito de que haya protocolos de acciones preventivas de la violencia contra las mujeres, a realizarse en espacios públicos y privados con la prestación de servicios, debido a la gran cantidad de casos que se reportan diariamente.
Al respecto, la Diputada Rocío Corona Nakamura, presidente de dicha Comisión, manifestó que de acuerdo con la información presentada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la línea telefónica de emergencia 911 se reciben un promedio de 292 llamadas de mujeres que son violentadas en el país. Además, se estima que siete de cada diez afrontan violencia física, emocional, laboral o sexual.
Por ese motivo, la iniciativa presentada en su momento por la Diputada Fela Patricia Pelayo López establece no sólo la prevención, sino protocolos y políticas públicas orientadas a detectar, atender y erradicar esos actos. Además, se fijan los mecanismos internos para la denuncia, así como los pasos que se tienen que dar para entrar en auxilio, por parte del Estado, para no engrosar el número de feminicidios.
Hizo notar que muchas mujeres acuden a diversas instancias y no son atendidas, por lo que el espíritu de esta reforma, que incluye modificaciones a las leyes del Gobierno y la Administración Municipal, y de Movilidad y Transporte del Estado, es que haya los protocolos necesarios para escucharlas.
Otro de los asuntos aprobados en la Comisión, es que en el Reglamento Interno de la Contraloría del Congreso del Estado, se establezca que de acuerdo con el Sistema Estatal Anticorrupción, todo servidor público, desde el intendente, diputados, Gobernador y magistrados, tendrán que presentar su declaración 3 de 3, es decir, la patrimonial de intereses y la fiscal.
Con estas disposiciones, se definen también los procesos para la recepción, tramitación de quejas y denuncias, por ser competencia del órgano interno de control. Además se tendrán que diseñar políticas para prevenir faltas administrativas y hechos de corrupción. También, coordinar, dirigir y vigilar la entrega-recepción del Congreso, e intervenir en los procesos de adquisiciones, adjudicaciones, contrataciones y compras, de acuerdo a la nueva Ley de la materia ya aprobada.
Precisó la Diputada Corona Nakamura que si se comprueban corruptelas, falta de transparencia o de rendición de cuentas, que constituyan un delito, tendrá que remitir los hechos sin dilación alguna a la Fiscalía Anticorrupción.
En la sesión de la Comisión de Puntos, también se votó a favor una reforma a la Procuraduría Social, para que también sea su facultad o atribución, llevar a cabo y seguimiento puntual en lo relativo a personas desaparecidas, para que los familiares puedan acudir a señalar la ausencia o tramitar la presunción de muerte, de acuerdo con la iniciativa de la Diputada Victoria Anahí Olguín Rojas.
Agregó la Diputada Corona Nakamura que existe una Fiscalía de desaparecidos, en donde se abren las carpetas de investigación correspondiente, y de acuerdo a la norma federal que se modificó, únicamente deberán transcurrir seis meses para emprender acciones, ya que anteriormente eran dos años para tratar de encontrar a las personas.
En la agenda de trabajo de dicha Comisión, hubo otros asuntos que igualmente recibieron la aprobación de los legisladores que la integran, algunos de los cuales se turnaron al Pleno del Congreso para su votación, en la sesión ordinaria.
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