El asunto generó debate en sesión del Congreso del Estado.
Con 27 votos a favor y siete en contra, el Congreso del Estado aprobó la convocatoria para elegir dos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, luego que la Comisión de Justicia emitiera el acuerdo legislativo correspondiente.
Las dos vacantes del STJ se dieron porque se aplicó el retiro forzoso a los abogados Alfredo González Becerra y Bonifacio Padilla González, ya que la Constitución Política del Estado en su artículo 61 menciona que es causa de retiro el haber cumplido 70 años de edad.
El diputado Ricardo Rodríguez Jiménez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, se inconformó porque no se había considerado con oportunidad tratar el contenido de la orden del día de la sesión que estaba presentándose, ni tampoco el contenido del dictamen, por lo que expresó su desacuerdo. En el mismo sentido se manifestó el diputado Luis Guillermo Martínez Mora, al votar en contra.
Asimismo, el diputado Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador del mismo grupo, expuso que antes de la sesión del Pleno hubo una reunión de coordinadores de las fraccione, no así de la Junta de Coordinación Política en la que se hubiera agendado este asunto.
En la discusión del acuerdo legislativo, el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco dijo que es más prioritario un sistema eficiente en la administración e impartición de justicia, que ayuden a procesar y encarcelar a los delincuentes.
Se requiere además, que los encargados de hacer valer el estado de derecho actúen con firmeza y honradez sin permitir que ningún acto ilícito quede en la impunidad. “Más allá de la renovación del Poder Judicial, lo que urge es la modernización del sistema de justicia, mediante instituciones más eficientes y leyes más adecuadas.
“Jalisco ocupa un marco normativo que garantice justicia pronta y eficaz. Es el Poder Judicial el que se debe someter a un profundo proceso de transformación, como el que se ha venido dando con el actual sistema de justicia penal de nuestro país; lo que ha venido a representar un verdadero cambio; de un sistema inquisitorio a un acusatorio, mediante el establecimiento de la oralidad en juicios penales”.
Afirmó: “lo que realmente debemos buscar es cómo hacer más eficientes los sistemas judiciales, más allá del cambio o sustitución de personas al frente del Poder Judicial”, aunque no descartó que “la administración de justicia requiere de funcionarios públicos profesionales, honestos, preparados”.
Por su parte, el diputado Julio Nelson García Sánchez razonó el voto de Movimiento Ciudadano, al considerar menester que los mejores perfiles lleguen a ocupar dichos cargos, por ser los encargados de la impartición de justicia, a fin de evaluarlos antes de su nombramiento, como ya se había planteado en un proceso anterior, si bien esto no está contemplado específicamente en la ley.
Con ese motivo ya se presentó una iniciativa de ley en la que se establece como requisito que los aspirantes deban acreditar un examen de conocimiento. “En esta ocasión vemos nuevamente la cerrazón de las fuerzas políticas, en el sentido de conocer y buscar los mejores perfiles, dejando entrever, y esperamos que no sea así, que ya hay un acuerdo sobre quienes serán elegidos”.
Refirió que en la sesión previa de la Comisión de Justicia, Movimiento Ciudadano propuso que se citara a los aspirantes a comparecer ante los diputados, para que se aclarara lo relativo a la información proporcionada, o allegaran otros elementos que se consideren trascedentes para el procedimiento de elección.
Sin embargo, se argumentó que son muchos los aspirantes que se registrarían en la convocatoria, lo que llevaría mucho tiempo conocer sus propuestas de manera personal, lo cual “considero fundamental. Por ello, en vísperas de otro procedimiento en el que se sobreponen los intereses partidistas a los intereses de la sociedad, es que anunciamos en voto en contra de la fracción de Movimiento Ciudadano, a este dictamen que se pone a consideración”, concluyó.
La Convocatoria
En la convocatoria se establece que los aspirantes deben cumplir con una serie de requisitos, como son residir en Jalisco durante los últimos cinco años; tener cuando menos 35 años de edad; una antigüedad mínima de diez años con título de licenciado en Derecho, abogado o su equivalente; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito, con pena corporal.
Los días 12 y 13 del actual, se publicará en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, en la página web del Congreso y en un periódico de circulación estatal. Los días 28 y 29 los aspirantes tendrán que entregar en la oficialía de partes del Consejo de la Judicatura una copia original y cinco simples para cada una de las fracciones parlamentarias, de la solicitud para ocupar dicho cargo, junto con la documentación requerida para ese fin.
El 2 de junio próximo, el Consejo de la Judicatura entregará a la oficialía de partes del Congreso del Estado, una lista dirigida a la Comisión de Justicia, para su estudio, de las propuestas como candidatos a ocupar el cargo de magistrado.
A más tardar el 20 de junio, el Pleno del Congreso del Estado elegirá a quienes deberán cubrir las dos vacantes de magistrados para un periodo de siete años, por acuerdo de las dos terceras partes de los diputados presentes.
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